La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) se opone a la fijación del justo valor a servicios y productos en el país, al introducir este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, alegó ante los medios de comunicación que el texto jurídico supuestamente "atenta contra las libertades económicas más esenciales que tiene el empresariado nacional".
A pesar de que la coalición de empresarios accedió a formar parte de la Conferencia Económica por la Paz, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, para buscar puntos de encuentro que permitan fortalecer la producción nacional y simplificar procesos de importación, Roig indicó que espera que "la mesa de diálogo permita flexibilizar un poco" la aplicación del instrumento legal "hasta que el TSJ se pronuncie".
La Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el pasado 24 de enero, fue dictada por el Primer Mandatario como parte de su habilitación para legislar, con el objetivo de garantizar el desarrollo equilibrado de la economía nacional y poner freno a la guerra económica que pretendió acabar con la Revolución Bolivariana a través del sabotaje en la producción, distribución y aumento desmedido de precios de productos y servicios indispensables para el pueblo.
Además, la ley se acopla al sistema de costo estándar internacional, que se refiere a los costos predeterminados que estipulan el valor monetario de un producto a partir de las condiciones económicas y de eficiencia.
Entre otras consideraciones, el instrumento legal venezolano indica que la ganancia no podrá exceder 30 %; y los bienes adquiridos o producidos con divisas oficiales deben ser identificados con una etiqueta, para que los consumidores estén en conocimiento y no exista justificación para precios altos.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Precios Justos, el país enfrentaba una ola especulativa que hizo que empresarios y comerciantes vendieran productos esenciales con precios hasta 7.000% por encima de su valor real, tratando de asfixiar la economía de los venezolanos, una acción que fue contrarrestada por el Ejecutivo con inspecciones en todo el territorio nacional para sancionar la especulación desbordada.
Durante las últimas semanas diversas empresas de producción y comercialización del país han ratificado su disposición de apegarse a los que estipula la ley, firmando acuerdos con el Gobierno Nacional para el establecimiento de precios justos de los productos ofertados. La primera empresa fue Samsung de Venezuela, seguida por comercializadoras de calzado, productos farmacéuticos y más recientemente de textiles.
Fuente: http://www.avn.info.ve/
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