Difícilmente pueda atribuirse al Gobierno revolucionario de Venezuela poca disposición a facilitar espacios para dialogar con sus más enconados adversarios. Los momentos de mayor tensión no han sido obstáculo para demostrarlo. La historia, imborrable historia, registra el ícono que en ese sentido resulta inocultable. Todo sucedió en horas de la madrugada del 14 de abril de 2002.
"Así que no habrá ninguna retaliación, aquí no habrá ninguna cacería de brujas. No vengo con ánimos revanchistas. No, aquí no habrá persecuciones, aquí no habrá atropello ni abusos", dijo entonces en una no oficial cadena de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores, un Hugo Chávez del que muchos esperaban mano dura contra los golpistas que lo habían derrocado 44 horas antes, en lugar del Cristo en el que jamás dejó de orar, creer y confiar.
El ánimo conciliador del Comandante Eterno siempre fue su mejor acompañante, actitud que en modo alguno caracterizó a sus oponentes. De hecho, un día como hoy en 2002, dos de ellos dejaron al descubierto su verdadero rol en el mundo de la política nacional al retirarse de la Comisión Presidencial de Diálogo Nacional que el propio Presidente, apoyado en el decreto 1753 del 28 de abril, había juramentado tres semanas antes toda vez que, como rezaba el primer considerando de aquel instrumento, "...los acontecimientos acaecidos en el país en los últimos días, requieren la concertación de todos los sectores involucrados, a los fines de garantizar la institucionalidad democrática y el apego a los principios y derechos consagrados en nuestra Carta fundamental".
Argumentando que aquella mesa de diálogo, coordinada por el vicepresidente José Vicente Rangel tenía que orientar sus esfuerzos hacia la discusión de la legitimidad de los poderes púbicos, el dirigente sindical socialcristiano Carlos Navarro optó por el no regreso.
Igual actitud sostuvo el presidente de Fedenaga, José Luis Betancourt, quien semanas previas al golpe de Estado había roto ante las cámaras de televisión, en una actitud de claro desafío y rebeldía latifundista, un ejemplar de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que el primer mandatario había promulgado haciendo uso de la Ley Habilitante que le fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2000. "No hay diálogo, no existe ninguna posibilidad de lograrlo en este momento a menos de que la circunstancia provoque un verdadero estremecimiento de la conciencia nacional. Por eso me retiro de la mal llamada mesa de diálogo nacional", declararía posteriormente este representante de la oligarquía.
Fue de parte de ambos, como lo establece la jerga popular, una patada a la mesa. La primera del milenio que en el alma de la oposición signaba lo que sería a partir de entonces su impronta personal cuando de "dialogar" se trata.
Un ayer tan difícil como el hoy
Integrar la Comisión Presidencial de Diálogo Nacional fue tarea nada fácil, no obstante la voluntad que a favor de su hechura mostraron Hugo Chávez y su equipo de gobierno.
El 16 de abril, por ejemplo, el partido Acción Democrática (AD) dio a conocer su posición corporativa. "Él fue echado del poder por el pueblo, con base en las disposiciones contenidas en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional y en virtud de la flagrante violación de la Carta Magna, de la proliferación de la corrupción administrativa, del atropello a todos los sectores de la oposición democrática y de la irritante concentración de poder en la persona del teniente coronel que, en la práctica, hace negatorio cualquier mecanismo interno de control institucional" declaró el secretario general de AD, Rafael Marín quien paralelamente empleó contra el Presidente calificativos como caudillejo, sargentico, dictador, individuo, cobarde y díscolo entre otros de igual carga de irrespeto.
El mismo día, José Curiel, representante del partido Copei y firmante del decreto que disolvió los poderes públicos el 12 de abril también se pronunció en torno a la convocatoria. Sus términos no se diferenciaron mucho a los de Marín: exigía "voluntad sincera" de parte de Chávez quien a juicio de su tolda –además- debía declarar de terroristas a la guerrilla colombiana; asumir la responsabilidad por las muertes causadas ¡durante su derrocamiento!; la revisión de las relaciones con Cuba; el supuesto cese la persecución a los medios de comunicación y a sus periodistas, y -cualquier parecido con la realidad actual no parece ser coincidencia- la libertad "de nuestros ciudadanos civiles y militares presos" .
Esas y otras zancadillas no amilanaron el propósito que impulsaba a Chávez Frías en su intención de entablar comunicación franca y sincera con todos los sectores. De hecho, dos días después reiteraría que aquellas diligencias que hacía para concretar el acercamiento no era un asunto en el que estuvieran involucradas sólo las cúpulas, pues, "el diálogo es con la sociedad".
Ese 18 de abril día fue instalado el Consejo Federal de Gobierno, (CFG) lo cual constituía un primer paso dentro de aquellos fines conciliatorios toda vez que como reza el artículo 185 de la Constitución, el CFG está integrado -entre otros y otras- por gobernadores, gobernadoras y un alcalde o alcaldesa por estado. Ello significó ciertamente que mandatarios regionales como Guillermo Call (AD-Monagas), Luis Lippa (AD-Apure), Eduardo Lapi (Convergencia-Yaracuy), Henrique Salas Romer (Prvzl-Carabobo), Enrique Mendoza (Copei-Miranda) y Manuel Rosales (UNT-Zulia), hicieran legal y lógico acto de presencia.
Los hechos, lamentablemente, evidenciaron otra realidad. Salas Romer se burló de nuevo la Carta Magna al abandonar la reunión justificando que desconocía la agenda a tratar; Enrique Mendoza no asistió y Henrique Capriles, entonces alcalde de Baruta y dirigente de Primero Justicia (sí, el mismo que violó los derechos humanos del ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín y aplastó el derecho internacional al asaltar la embajada de Cuba) adelantó la actitud malcriada, respondona y desacertada que ya guiaban sus pasos al desdecir de aquel importante cara a cara: "Yo pensaba que esta reunión era para propuestas y no para discursos".
De 2012 a 2014 sólo han variado los guarismos. Los protagonistas de la desestabilización y los atajos son, definitiva y lamentablemente, los mismos.
