martes, 14 de octubre de 2014

TSJ ordena al alcalde Carlos Ocariz recolectar la basura de forma regular y periódica

Demanda ejercida por habitantes del Municipio Sucre



La Sala Constitucional admitió la demanda de protección de intereses colectivos interpuesta por un grupo de habitantes del municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, contra el alcalde Carlos Ocariz Guerra.

El grupo de ciudadanos alegó que el mencionado Alcalde ha incumplido sus deberes municipales relativos al derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras garantías fundamentales.

En respuesta a ello, el TSJ, también acordó medida cautelar innominada que le ordenó al alcalde Ocariz Guerra, realizar todas las acciones y utilizar todos los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Ley, para recolectar inmediatamente, sin dilaciones y de forma regular y periódica, la basura y los desechos existentes y que se generaren en las distintas parroquias que comprenden el municipio Sucre.

Tal medida debe aplicarse especialmente en las cercanías de las instituciones educativas, centros de salud, zonas residenciales y comerciales, así como en las principales vías públicas, tal como se advierte en el fallo, con ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, que también le ordena al jefe del Ejecutivo del municipio Sucre mantener libre de desechos y escombros las vías de comunicación en el referido municipio, así como también ejercer todo el control sanitario que le es inherente a su cargo público, incluido el de garantizar que las aguas servidas contaminadas con los desechos no recolectados en ese ámbito geográfico no afecten las cuencas hidrográficas, para evitar la afectación de los derechos que sustentan la demanda.

Esta medida cautelar debe ser acatada y ejecutada inmediata e incondicionalmente, y el alcalde Ocariz Guerra, deberá informar sobre su cumplimiento en el lapso perentorio de veinte (20) días desde que conste en autos la notificación del fallo, pues de lo contrario incurriría en las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

Fuente: http://www.tsj.gov.ve/

TSJ presenta anteproyecto de Código de Procedimiento Civil en la Asamblea Nacional

Con la incorporación de la oralidad y la defensa pública en materia civil

El Tribunal Supremo de Justicia, presidido por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, entregó a la Asamblea Nacional el anteproyecto del Código de Procedimiento Civil, como iniciativa legislativa del Máximo Tribunal. En este sentido, la presidenta de la Sala de Casación Civil, magistrada Yris Peña Espinoza, fue la encargada de hacer la presentación sobre la reforma sustancial del Código ante el parlamento y resaltó la orientación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la garantía del acceso del pueblo a la Justicia.

En su exposición, la Magistrada dijo que en el campo judicial el mandato constitucional es inequívoco, porque se impone la simplificación de los procesos, la transformación de las funciones de los juzgados, la implementación de la oralidad y la prevalencia de la concentración e inmediación en la celebración de los actos procesales y en la garantía de la economía procesal.

La magistrada Yris Peña Espinoza, dijo que esta reforma era necesaria una vez que el actual Código no se corresponde completamente con los parámetros constitucionales vigentes   "de allí surge esta iniciativa  legislativa de parte del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil", acotó.

Sobre el procedimiento civil  ordinario, mencionó que la inclusión de la oralidad a partir de la reforma, se concentrará en dos audiencias, una preliminar y otra de juicio, que culminará con la sentencia en primera instancia. Además, el nuevo procedimiento incluye un despacho saneador. A la vez, que las cuestiones   previas como se le conocen actualmente, pasarían a denominarse preliminares. Podrá también ser propuesto el recurso de apelación ante el juzgado superior, el cual conocería en audiencia oral; para finalizar con la posibilidad de ser solicitado el recurso de casación ante la Sala de Casación Civil.   

El anteproyecto de Código de Procedimiento Civil, incorpora la defensa pública en materia civil, como lo establece la Carta Magna venezolana y los medios alternativos de resolución de conflictos.  

La presidenta de la Sala de Casación Civil dijo que los nuevos principios que sustentan el anteproyecto son el principio de la constitucionalidad del proceso, el principio de contradicción, de inmediación, de celeridad, concentración procesal y prohibición de generar incidentes y el de publicidad. Además, para desarrollar el documento definitivo de más de ochocientos artículos, se consultó también Códigos Civiles Latinoamericanos. 

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Darío Vivas, recibió a la comitiva del TSJ, donde también estuvo presente el primer vicepresidente del Alto Juzgado, magistrado Fernando Vegas Torrealba y Magistradas y Magistrados del Poder Judicial. "Los principios de la solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de ese Estado Social, sometido al imperio de la Constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho. Estado Social de Derecho que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático.  ", indicó el diputado.

A su vez el diputado, entregó el anteproyecto a la Comisión de Política Interior en la persona de su presidente, el parlamentario Elvis Amoroso, quien manifestó "hoy la Asamblea Nacional abre sus puertas para recibir de manos del TSJ, este proyecto tan esperado por el pueblo venezolano...este es un legado del presidente Hugo Chávez Frías", indicó. El anteproyecto pasará ahora a la revisión de la Comisión, a la consulta pública en todo el país y luego a la aprobación en las discusiones de la Asamblea Nacional.

En la presentación también estuvo el presidente de la Corte Marcial, Henry José Timaure Tapia; el general Jorge García Carneiro, gobernador del estado Vargas; el procurador general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, juezas y jueces rectores del país, presidentes de Circuitos Judiciales Penales y representantes del Poder Judicial.  

Fuente: http://www.tsj.gov.ve/

AN aprueba lista de integrantes del comité de postulaciones electorales

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría calificada la lista definitiva de la 10 personas que conformarán el comité de postulaciones electorales, responsable de nombrar a los nuevos rectores y suplentes del Poder Electoral.
De la bancada de la derecha, solamente el partido Proyecto Venezuela salvó su voto.
A continuación la lista de los integrantes del comité:
- Herick Rannyer Rangel Hernández postulado por el Colectivo Ecosocialista
-Yenniz Enrique Arrieta Chourio, postulado por Red de Organizaciones Afrovenezolanas
-William Roberto García García, postulado por Consejo Nacional de Estudiantes del Sistema de Educación Socialista
-Zulay Coromoto Delgado, postulado por Frente de Mujeres Luisa Cáceres de Arismendi
-Edith María Silva Alzolar, postulado por la Organización Araña Feminista
-Carlos Díaz postulado, postulado por Consejo Comunal San Antonio
-Carlos Eduardo Agostini Jimenez, postulado Asociación Civil Horizonte
-Francisco Armando Bello, postulado por Fundación Casa Arturo Uslar Pietri
-José María Cadenas González, postulado por la Asociación Civil Asamblea de Educación
-Franklin Isaac Rodríguez, postulado por Capitanía General Sector Siete Ikabarú

 AVN

AN declara improcedente solicitud de permiso por 31 días del diputado Carlos Berrizbetia

La Asamblea Nacional (AN) declaró este martes como improcedente la solicitud de permiso por 31 días emitida por el diputado opositor Carlos Berrizbetia pues no cumple con motivos obligatorios o potestativos establecidos en el parlamento para notificar una ausencia.
El diputado opositor llenó un formato de la AN en el que colocó sus datos personales y añadió que el motivo del permiso es: "Peligro de su integridad física", y no se tipifica la ausencia por enfermedad, periodo pre y post natal. Al respecto el presidente de la Asamblea Nacional calificó como irrespetuosa dicha solicitud.
"No está embarazado ni recién dado a luz, tampoco hay justificación médica, ¿entonces, será que en 31 días se le quitará el miedo? Además los nervios no se operan. Esto es una falta de respeto ante el parlamento, este diputado debería estar aquí dándole la cara al pueblo", manifestó Cabello.
Recientemente el diputado Berrizbetia señaló a través de los medios de comunicación privados que su vida corre peligro luego que el diputado revolucionario Freddy Bernal introdujera una solicitud de investigación ante la Fiscalía por haberle dicho al parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, el pasado 30 de septiembre en sesión plenaria que "sus días y horas estaban contadas".
El 1º de octubre Serra fue asesinado en su residencia junto a su asistente María Herrera. 
 AVN 

Trabajadores de la Polar dieron la vida a una empresa que no se preocupa por ellos

37 años de trabajo como maestro mecánico 1 en Empresas Polar de Tulio Guerra fueron pisoteados por representantes de este consorcio en Anzoátegui tras estar hospitalizado en coma por episodios de ACV y presionar a su esposa Marisabel Villasana para que firmara la renuncia.
Villasana relata como su familia ha visto mermada su calidad de vida ya que la liquidación entregada a Guerra estuvo por el orden de los 29 mil bolívares.

“Le dieron 34 acv y un enema cerebral. Empresas Polar me coaccionó para que firmara la renuncia de mi esposo. Su salario era uno de los más altos y lo liquidaron con 29 mil bolívares”, señaló Villasana.

Lo propio pretenden aplicar con José Zambrano, quien está incapacitado por el Seguro Social por una enfermedad respiratoria. Tiene 24 años de servicio y la empresa busca su renuncia mediante presión.

“Yo tengo una incapacidad y la empresa no quería reconocerlo. Ellos debieron reconocer la incapacidad por el dictamen de la inspectoria del trabajo y pese a ello han venido aplicando retaliaciones”, dijo Zambrano.

Son unos 300 trabajadores con enfermedades ocupacionales a quienes Empresas Polar les vulnera sus derechos establecidos en la ley, a la mayoría de ellos les han quitado su sueldo y en algunos casos hasta el beneficio de HCM y cesta ticket se los han quitado sin explicación alguna.

Tomado de: http://www.rnv.gob.ve/