jueves, 5 de febrero de 2015

Scarano y Lucchese salieron de prisión tras pagar 10 meses de cárcel por aupar violencia en 2014

Enzo Scarano, ex alcalde del municipio San Diego, estado Carabobo, y Salvatore Lucchese, ex director de la policía municipal de esa jurisdicción, pagaron 10 meses de cárcel por promover actos de violencia en el municipio carabobeño y negarse a acatar un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que les ordenaba garantizarle a sus habitantes el libre tránsito, la paz y el orden público en esa zona. 
Tras cumplir la pena, establecida desde marzo de 2014, ayer ambos  fueron puestos en libertad en la noche de este miércoles. 
En marzo de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó a Scarano por desacatar la sentencia de la Sala Constitucional, que le ordenaba emprender las acciones necesarias para evitar la obstrucción de las vías por parte de grupos violenetos. La misma medida se aplicó en contra del director de la Policía de San Diego, Salvatore Lucchese.
El ex alcalde de San Diego se negó a garantizar el orden público y la paz a los habitantes del mencionado municipio y aupó públicamente las acciones de los grupos violentos que causaron la muerte de 43 venezolanos en varios municipios gobernados por la oposición en el país, ataques que incluyeron desde colocar guayas para degollar motorizados hasta tiros de gracia a quienes intentan liberar vías bloqueadas.
Scarano permanecía recluido en la Cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda. Debido a problemas de salud terminó de cumplir la sentencia en su casa.
 AVN 

Experta pericial en el caso de López pidió protección al Ministerio Público

Tras recibir consecutivas amenazas por vía telefónica, correo electrónico y de manera directa, la experta pericial en el juicio a Leopoldo López, Rosa Amelia Asuaje solicitó una medida de protección al Ministerio Público.
En un avance informativo de YVKE Mundial Los Andes, la experta en lingüista y semántica informó que halló un panfleto con amenazas directas proferidas en su contra, en su domicilio familiar, ubicado en la capital del estado Mérida.
"Si esta es una estrategia de la defensa o de sectores fanatizados de oposición venezolana, si esta es una advertencia para que yo no declare en el juicio que se está realizando al ciudadano Leopoldo López, quiero dejar muy claro que no daré marcha atrás, voy a seguir en el proceso, no voy a inhibirme, voy a pedir una medida de protección pero no voy a sentirme intimidada", recalcó la especialista.
La doctora Asuaje resaltó que estas amenazas pretenden amedrentar a los ciudadanos comprometidos en el trabajo de las instituciones nacionales que procuran justicia y legalidad.
"Entiendo que la oposición considera que mi testimonio es clave para el dictamen que pueda determinar la juez, pero al respecto quiero decir, que yo no soy juez ni fiscal para decidir si el ciudadano Leopoldo López debe ir o no preso", recalcó.
La participación de un experto en un proceso legal reviste carácter profesional y científico. En el caso de Asuaje fue requerida por ser experta pericial en lingüística y semántica para el análisis del discurso en el procesamiento que siguen los Tribunales a López, acusado de promover hechos de desestabilización y violencia en 2014.
La experta, residenciada en Mérida, egresada y docente de la Universidad de Los Andes (ULA), precisó que el panfleto contiene un texto de explícitas amenazas a su integridad, razón por la que consignó el documento ante el Ministerio Público para la evaluación pertinente.
Adelantó que en esta instancia fue notificada de que un Fiscal Nacional dará apertura a la averiguación del caso a partir de este martes.
 AVN 

Regulan producción de harina de maíz precocida y establecen precio único en Bs 19

Tal como fue anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, este jueves circuló el decreto que regula la producción de harina de maíz precocida; el cual elimina las cuotas diferenciadas de producción de este alimento esencial para la dieta del venezolano.
En este sentido, se estableció un precio único para la harina de maíz precocida, tanto de maíz blanco y amarillo, en 19 bolívares exactos, según indica la norma que entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria No 6.170 correspondiente al 4 de febrero que circuló este jueves.
Esta resolución prohibe, además, la fabricación y comercialización de harinas mejoradas o mezcladas con aditivos (cuotas diferenciadas), que no sean las ya existentes en el mercado.
Sin embargo, el decreto aclara que las harinas mejoradas o premezcladas en existencian deberán ser comercializadas.
El mecanismo de cuotas diferenciadas, que permitía a los productores de harina de maíz precocida elaborar productos mejorados o mezclados, estaba siendo utilizado para evadir el control de precios sobre este producto alimenticio básico.
"Se acabó la producción de harina de maíz precocida con un aliño mentiroso, con un saborcito mentiroso pa` ponerle 15, 10, 20 bolívares más al pueblo", refirió el Jefe de Estado al anunciar esta medida.
La norma legal estipula además que los fabricantes, productores e importadores, así como los propietarios o responsables de los establecimientos comerciales mayoristas y detallistas deberán cumplir con los estatutos vigentes en materia de presentación, rotulado y publicidad de los productos que se colocan a disposición del pueblo.
Asimismo, deben garantizar la existencia y expendio de los productos en toda la cadena de comercialización nacional.
Quienes infrinjan dicho reglamento o incurran en ilícitos económicos o flagelos como el acaparamiento, la especulación o el contrabando, serán sancionados conforme a la ley.
 AVN