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El abogado Antonio Molina, defensor de las víctimas del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 en Venezuela, destacó este martes que diversas doctrinas internacionales han marcado limitaciones al derecho a las manifestaciones, en función del orden y seguridad públicos y el goce de los derechos de otras personas.
El profesional del Derecho mencionó una enmienda a la Constitución de Estados Unidos en 1939, que establece la obligación de obtener un permiso para las protestas.
En el programa Entre Todos, transmitido por Venezolana de Televisión, Molina refirió que esta doctrina estadounidense se conoce como del Foro Público, y fue la primera enmienda a la libertad de expresión.
La semana pasada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó que la protesta pacífica es un derecho que se ejerce sin armas y según lo establecido en el marco legal vigente, el cual plantea como requisito tramitar la autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente para el desarrollo de la actividad.
En ese sentido Molina señaló que, incluso, desde la promoción de los derechos humanos en 1789 se contemplaba que el derecho de toda persona tiene como único límite el goce y ejercicio de los derechos del resto de la población.
"En consecuencia, el derecho a manifestar no es un derecho absoluto sino que tiene limitaciones que nacen, por ejemplo, del derecho al tránsito de los demás", explicó.
Asimismo, mencionó que el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Sociales, que agrupa a los países de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el Pacto de San José sobre Derechos Humanos garantizan este derecho, sujeto a regulaciones propias de la ley.
Estimó el abogado que la Sala Constitucional, con su sentencia, puso orden a los hechos promovidos por grupos de derecha desde el pasado 12 de febrero, estimulados por grupos políticos, y que generaron desde actos vandálicos y terroristas hasta asesinatos.
"La Constitución garantiza la protesta pacífica y otra cosa es salir a la calle e implementar una política que apunta a crear una cuestión insurreccional", puntualizó.
"Ningún gobierno puede tolerar esa situación, en resguardo del orden público y de sus ciudadanos", dijo finalmente.
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