por María Fernanda Ruíz
Hace 18 años la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) cerró el caso de corrupción más escandaloso de la historia política venezolana cuyo protagonista -dirigente del partido de gobierno, Acción Democrática (AD)-, era el propio presidente de la República. El 30 de mayo de 1996 la sentencia elaborada por el magistrado Luis Manuel Palís condenaba a Carlos Andrés Pérez a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario y -además- restituir, reparar el daño o indemnizar al patrimonio público.
La causa del veredicto: Malversación de fondos públicos y fraude a la nación a través de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Su tolda también le pasó factura al expulsarlo de la organización.
Es de destacar que hasta ahora ha sido el único venezolano en abandonar la jefatura de Estado por quedar suficientemente demostrada su participación en hechos dolosos.
Carlos Andrés Pérez (CAP), quien había sido presidente de la República entre 1974 y 1979, asumía su segundo período constitucional (1989-1993) anunciando un conjunto de medidas económicas propias de políticas neoliberales que en apenas días llevó a la nación a serios niveles de desabastecimiento, inflación y altos índices de desigualdad social que hicieron posible las condiciones para la implosión de El Caracazo (rebelión popular del 27 de febrero de 1989) y las rebeliones patrióticas cívico-militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.
Destino antisandinista
El caso inicia el 22 de febrero de 1989 tras la solicitud de rectificación presupuestaria a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para gastos de seguridad y defensa de la nación (que era de 250 millones de bolívares), solicitud que realizara la entonces ministra de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco.
Cinco días después, el Director General Sectorial de Administración y servicios del Ministerio de Relaciones Interiores, Carlos Vera, pide autorización para cambiar a tasa preferencial de 14,50 bolívares por dólar americano. Poco días después, el Ministerio de Relaciones Interiores estaría recibiendo los más de 17 millones de dólares requeridos por "servicios de inteligencia y seguridad del Estado" que tuvieron como destino final "el financiamiento del servicio de escoltas de la presidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, la cual, al iniciar su mandato presidencial no podía confiar su seguridad personal en manos de la Policía Sandinista ni del Ejército Popular Sandinista", como expresa el diario digital La Prensa, de clara tendencia derechista.
El secreto no duró mucho tiempo. El 8 de noviembre de 1992, el periodista José Vicente Rangel denunció a través de su programa dominical José Vicente Hoy y su columna Los Hechos y los Días la referida operación. Cuatro días después, CAP se dirigió al país negando todo tipo de vinculación con la mencionada partida secreta.
El caso pasa a la Comisión Permanente de Contraloría de la Cámara de Diputados, donde se designó una sub-comisión especial que quedó a cargo de esta investigación. Se acordó un cronograma de interpelaciones, que se llevó a cabo entre noviembre de 1992 y marzo de 1993, con la participación de más de 20 funcionarios de los distintos despachos.
El 11 de marzo de 1993, el entonces Fiscal General de la Nación, Ramón Escovar Salom, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia un antejuicio de mérito contra el mandatario y sus ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart.
El 20 de mayo de ese año, la CSJ consideró que existían méritos suficientes para culpar a los involucrados en el caso de corrupción. Al día siguiente, CAP queda suspendido para el ejercicio de sus funciones.
Su cargo pasó a ocuparlo, por una semanas, el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Octavio Lepage, hasta que el Congreso designó el 5 de junio de 1993 al senador Ramón J. Velásquez como presidente interino hasta diciembre de 1994, fecha en que culminaban los cinco años de gobierno del segundo mandato de Pérez.
Tras largos meses del debido proceso, el 18 de mayo de 1994 la CSJ dictó un auto de detención contra el ahora expresidente por encontrar delitos de malversación genérica y peculado doloso.
Luego de dos meses y nueve días detenido en el Internado Judicial de El Junquito, al oeste de Caracas, es trasladado - el 27 de julio de ese mismo año- a su casa para que por decisión de la CSJ cumpla arresto domiciliario.
Después de meses de averiguaciones, citaciones e informes la Corte Suprema de Justicia dictaría sentencia en febrero de 1996. Sin embargo, el magistrado encargado de elaborar la propuesta, Luis Manuel Palís, solicitó tres prórrogas que se dieron entre el 7 y el 30 de mayo de 1996, fecha en la que finalmente se dictó la sentencia al histórico caso.
"La otra muerte"
El 20 de mayo de 1993, fecha en que el CSJ consideró que existían méritos para culpar a Pérez de malversación de fondos, el futuro ex presidente se dirigió al país. En su discurso hizo alarde de su "transparente" gestión y pretendió culpar "a los militares golpistas" de su situación.
Parte de su discurso, reza así: "Fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil, que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas. La misma conspiración de hoy que recurre a otros métodos, porque se agotaron todos los demás, desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia, y en la seguridad del veredicto final de justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido la otra muerte".
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